La salida de Christian Soto del cargo de director de Grandes Contribuyentes -DGC- y su posterior suspensión, en el marco del caso audios, generó un remezón en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Algunos lo definen sobre todo como alguien meticuloso y un fiscalizador de base. O sea, alguien que tiene como principal misión aumentar la recaudación fiscal y con un cierto nivel de desapego al mundo privado y de las grandes empresas.

Otros lo ven como alguien afable, que nunca niega una solicitud para reunirse por la Ley del Lobby y que siempre tiene en mente entregar soluciones a los problemas.

  Los hechos bajo investigación del SII y la Fiscalía ocurrieron en 2018. Esto implica que las operaciones impugnadas habrían ocurrido entre tres a seis años antes.

“Es alguien muy ejecutivo, que tiene respuestas y soluciones técnicas para todos los problemas. Es muy llano a escuchar, pero eso no significa que a la hora de emitir la liquidación o el giro vaya a acoger tu reclamo”, explica un exdirector del SII.

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De hecho, si se analizan las audiencias que tuvo como director de la Metropolitana Oriente, resaltan reuniones con representantes, por ejemplo, de filiales de la constructora Besalco, del empresario Jorge Claro, del director de Cencosud Manfred Paulmann, Lundin Mining, Mercado Libre, Credicorp Capital, Mitsui, BBVA, Methanex, VTR, Melón, Credit Suisse, Costa Verde (ligada a accionistas de Latam), Cerro Dominador, Enjoy Gestión Limitada (relacionada al operador de casinos), Caterpillar, ENEX, Albemarle, AFP Modelo, Derco Chile, Empresas Copec, el empresario Salvador Said, y Sociedad Matriz SAAM.

Para algunos, su ascendente carrera también derivó en actitudes más duras a la hora de enfrentar un caso. “Como es funcionario de carrera, se siente con las espaldas de la organización para no transar”, plantea un abogado que ha asistido a varias reuniones por lobby.

Christian Soto, exdirector de Grandes Contribuyentes del SII.

En busca de explicaciones

Al interior del servicio hay varias tesis para explicar el auge y caída del exDGC.  Una de ellas es que el funcionario habría visado las anulaciones de las liquidaciones de impuestos sin tener conocimiento de todos los antecedentes, debido a que en el proceso intervienen a lo menos cinco personas: un fiscalizador del SII, un abogado, un jefe de grupo, un jefe de departamento y en última instancia el director regional. Un exdirector del SII advierte que “$ 3.000 millones sin justificación no se le pasan a alguien meticuloso como Soto”.

Sin embargo, la opción de faltas a la probidad no le hace sentido a funcionarios de carrera ni a sus contrapartes del sector privado. “Una cosa es ser duro y no transar, pero otra cosa muy diferente es recibir coimas”, plantea un exsubdirector del SII.

Otra tesis es que se habría cometido un error técnico en la liquidación, algo que ocurre con relativa periodicidad en el servicio, lo que explicaría eventualmente la anulación.

¿Cuándo ocurrió la operación en cuestión?

Lo cierto es que los hechos bajo investigación del SII y la Fiscalía ocurrieron en 2018. Esto implica que las operaciones impugnadas que generaron la diferencia de impuestos habrían ocurrido entre tres a seis años antes.

“Si son hechos económicos del año comercial 2014, se debió declarar hasta el 30 de abril de 2015 y, por tanto, el plazo para liquidar (sin aumentos o suspensiones de plazo) vencería el 30 de abril de 2018”, explica un conocedor de la dinámica del SII, desde donde advierten que los hechos investigados habrían estado cerca de prescribir en ese momento.

Molestia de los gremios

En la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), presidida por Evelyn Apeleo, hay molestia por la manera en que se ha comunicado el proceso de destitución de Soto y la suspensión de los cuatro funcionarios que lo acompañaron en la Regional Metropolitana Oriente.

Hasta el minuto, las agrupaciones de funcionarios no se han reunido con el director del SII, Hernán Frigolett -quien designó a Soto en la DGC tras un extenso concurso interno en septiembre de 2022-, algo que Apeleo resiente: “Los funcionarios del servicio requerimos respeto y que se cumpla el derecho al debido proceso. Tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias, pero los funcionarios no pueden ser los chivos expiatorios de este problema”, señala.

Asimismo, argumenta que en la reforma tributaria del año 2020 se establecieron amplias causales para que los contribuyentes solicitaran revisiones administrativas de las acciones del servicio, lo que -dice- estaría generando presiones de asesores a los fiscalizadores del organismo.

“Hay que regular mejor los espacios de lobby y modificar las etapas de revisión de las actuaciones, ya que quedaron muy amplias en la reforma tributaria de Piñera en 2020”, expone.